La historia oficial de Estados Unidos siempre ha sido pródiga en mitos edulcorados. Uno de ellos, quizás el más pernicioso, es el de la «democracia» fundacional, ese supuesto faro de libertades que alumbró al mundo en el verano de 1787. Pero la historia es tozuda. Cuando profundizamos debajo del barniz dorado de la Convención de Filadelfia, lo que emerge no es la sabiduría de un pueblo libre, sino la desnuda y fría arquitectura de una oligarquía ansiosa por perpetuar su dominio.

El eminente jurista cubano Ángel Domingo Ferrás Moreno, en su obra La Bicentenaria Constitución Norteamericana, desmonta con quirúrgica precisión ese relato idílico. ¿Quiénes eran esos venerados «Padres Fundadores»? Eran, simplemente, 55 hombres poderosos –ni un solo trabajador, ni un artesano, ni un campesino pobre participó en aquellas deliberaciones– que representaban a la burguesía de la época: ricos comerciantes, terratenientes, banqueros, especuladores de tierras y, por supuesto, una nutrida representación de esclavistas que veían en sus «propiedades humanas» la base de su fortuna.

Lejos de ser el resultado de un mandato popular, fue un golpe de mano. Aquellos delegados se reunieron a puertas cerradas, violando su propio mandato inicial que solo les autorizaba a reformar los Artículos de la Confederación. El objetivo confeso era uno y solo uno: anular la fuerza de los estados y crear un gobierno central fuerte que pudiera garantizar el cobro de sus deudas y la defensa de sus riquezas. Nada de aspiraciones humanistas; solo el frío cálculo de la acumulación.

Mientras se redactaba aquella Constitución, las mujeres, los negros reducidos a la esclavitud y los indígenas eran condenados a la exclusión perpetua de la vida política. Pero no solo ellos. Incluso entre los hombres blancos propietarios, el derecho al voto quedó cercenado por requisitos censitarios. Las cifras son elocuentes y demoledoras para cualquier defensor del «excepcionalismo» estadounidense: de una población de cuatro millones de habitantes, solamente 160.000 personas pudieron ejercer el voto en las elecciones para las convenciones estatales ratificadoras. De ellos, 105.000 votaron a favor y 55.000 en contra. Así, con una ínfima minoría, 105.000 electores sobre una población de 4 millones, se consagró la ley suprema de la nación que a los ojos del mundo siempre ha estado vestida de democracia.

Sus redactores, conscientes de la posibilidad de que algún día el pueblo organizado pudiera empujar leyes que afectaran sus patrimonios, diseñaron un mecanismo institucional perverso. El texto del profesor Ferrás señala que el sistema bicameral no es un avance democrático, sino un dispositivo diseñado específicamente para retrasar el proceso de aprobación de leyes, otorgando así a la alta burguesía la «maniobrabilidad» necesaria para entorpecer o anular cualquier legislación progresista.

Cuando las contradicciones entre sus principios declarados y sus apetitos geopolíticos se volvieron insostenibles, la hipocresía fue total. Apenas unas décadas después, el presidente Thomas Jefferson, aquel que redactó la Declaración de Independencia, se encontró con una Constitución que le estorbaba para la compra de Luisiana. ¿Qué hizo entonces? Tal como lo cita el libro, el propio Jefferson se encargó de definir el valor real de su Carta Magna, desechándola como un simple «mero pedazo de papel en blanco». Esa frase lapidaria sigue siendo, dos siglos después, el mejor resumen de la doctrina imperial estadounidense.

Y la actualidad no hace más que confirmar los viejos vicios de la cuna. La eterna pugna entre demócratas y republicanos no es más que un teatro para el consumo doméstico. Como sentenciara con lucidez el Comandante en Jefe Fidel Castro, en lo fundamental no hay grandes diferencias entre esos dos partidos. Ambos obedecen a los mismos amos, ambos responden a los dictados del complejo militar-industrial y ambos, sin pudor alguno, patean la Constitución cuando la «razón de Estado» imperial les exige una atrocidad en cualquier rincón del planeta.

Que nadie se equivoque, este 4 de julio no nos trae ninguna enseñanza democrática. Nos trae la prueba irrefutable de un modelo que nació viciado por el clasismo, el racismo y la exclusión. Las lecciones de democracia que Washington pretende imponer al mundo son, en realidad, un espejo de sus propias infamias.

La Constitución de Estados Unidos desde su origen hasta nuestros días, ha sido y es un instrumento de dominación plutocrática, un disfraz legal que carece de moralidad ni de legalidad sagrada. Es, simplemente, el certificado de propiedad de la oligarquía más rapaz y belicosa de la historia.

Frente a esa Constitución que se viola a diario para invadir, masacrar y saquear en cualquier rincón de la Tierra, los pueblos soberanos seguiremos forjando nuestras propias democracias, construidas no con el dinero de los banqueros, sino con la sangre, el sacrificio y la voluntad real de nuestras mayorías.